Decreto, por aquí te la meto y te callas

El decreto chapuza contra los controladores aéreos es otra muestra de la incompetencia del Gobierno de Zapatero que ni siquiera es capaz de legislar.

© V. de los Espadas – JM Noticias

Cuando comenzó el conflicto de los controladores aéreos me enteré por un «flash» en inglés de una agencia internacional de noticias. Digo esto porque hace tiempo que he dejado de ver o leer los «medios de desinformación» españoles.

La supina ignorancia de unos, así como las sectarias manipulaciones de otros, acaban produciendo al lector una sensación de asco infinito. Una pena ver lo que han hecho con el periodismo.

Así pues, y buscando información, encontré en Twitter el enlace al polémico decreto (PDF) que emitió ese gobierno de payasos que 10 millones de tarados pusieron en el poder por segunda vez.

Ahora bien, y aclarando antes las cosas para evitar malos entendidos; así es como funciona la democracia, la misma que me permite decir aquí lo que pienso de este asunto, aunque a los perros de presa del gobierno no les haga ni pizca de gracia e intenten callar las críticas con llamadas telefónicas amenazantes. Unas llamadas que empiezan con un «o te callas» y terminan con «te vas a quedar sin trabajo»

Un decreto chapuza e incomprensible 

Tras leer las primeras líneas de la cacareada orden ministerial, veo que todo se basa en el artículo 19 de la Constitución española. Pues bien, aunque la mayoría de los borregos daría por bueno el texto por el mero hecho de llegar hasta donde está el vocablo «Constitución», otros, con dos dedos de frente y sin ser expertos en leyes se preguntarían; ¿Y qué cojones tiene que ver el derecho a la libre circulación de todos los españoles con el conflicto laboral de un colectivo de trabajadores que sólo afecta a unos pocos?

Me cuesta creer que estos políticos de poca monta, que son los que de momento forman parte del gobierno de este país, no se dan cuenta que mezclan churras con merinas cuando basan su intervención en un derecho constitucional. ¿Cómo es posible que sean tan burros? ¿Es que nadie se ha dado cuenta que una cosa no tiene que ver con la otra?

En este decreto también se declara lo que llaman el estado de «emergencia nacional», que además califican de «catástrofe», «calamidad» y otros apelativos dignos de la sección de sucesos de un diario sensacionalista o de una revista de cotilleo.

Así que, leyendo este bodrio que intenta tener aires de legalidad, uno se pregunta: ¿Es una broma? ¿Quién cojones lo ha redactado? ¿Quién ha sido el jurista o supuesto experto en leyes y miembro del Gobierno que se ha hecho semejante paja mental? ¿Serán capaces estos imbéciles de hacer efectiva esta chapuza y publicarla en el BOE?

Pues sí, así lo hicieron. Y con la ayuda de los medios pesebreros y afines, esa maquinaria de propaganda de las mentiras y sandeces del Gobierno que siempre están a disposición por las subvenciones que reciben, hacen sonar el cencerro para que la borregada nacional se dedique a corear y aplaudir una decisión que, de entrada y a simple vista, tiene una base legal errónea.

Por pura lógica y sentido común, si un colectivo de controladores va a la huelga, sea salvaje o no, que además también puede hacerla otro colectivo de trabajadores aeroportuarios, afectaría únicamente a los vuelos comerciales y a sus viajeros, sea cientos o algunos miles, pero en ningún caso a 47 millones de españoles. ¿Por qué entonces el flamante ministro Rubalcaba y su compañero de fatigas Pepiño Blanco hablaron de «secuestro» y de «alarma nacional»? ¿Es que acaso se había declarado una guerra? ¿Qué coños estaban tramando estos dos o, mejor dicho, a quién han querido engañar?

Esto no pasa en Europa ni en países civilizados.

Los que andamos por pastos lejanos de países civilizados y acostumbrados a ver un poco de todo, nos hemos visto afectados alguna vez por las huelgas del personal de aeropuertos o transportes públicos. Sin embargo, observando las actuaciones de las autoridades de otros países, sabemos que en ellos no se monta el bochornoso espectáculo que se monta en España. Tampoco en los aeropuertos de otros países se ven esos linchamientos a gritos de los huelguistas, ni mucho menos que un Gobierno tenga que declarar el cierre del espacio aéreo en todo el país.

Lo primero que hacen las autoridades aeroportuarias de los países civilizados, y no el Gobierno, en los casos de una huelga similar, es cancelar los vuelos comerciales y atender a los pasajeros. Caso que fuera necesario se utilizan los aeródromos y bases militares para los transportes de emergencia, pero sólo cuando la vida de alguna persona esté en peligro y, siempre y cuando, el transporte terrestre no sea posible por cuestión de tiempo o distancia.

En los países civilizados, vuelvo a repetir, el ejército y protección civil están para actuar en los casos de una verdadera emergencia nacional. Tampoco se necesitan decretos ni declaraciones alarmistas de ministros y políticos populistas e ineptos. Además, los ejércitos de los países civilizados nunca podrán intervenir en conflictos laborales. El ejército está para casos de seguridad nacional, para ayudar en emergencias y no para servir de monaguillos a ministros y altos cargos como ocurre en España.

Por otra parte, en este absurdo decreto con aires de legalidad que ni siquiera firma el jefe del ejecutivo y que además no pasó antes por el Parlamento, se ordena el cierre total del espacio aéreo español. Una medida tan exagerada como improcedente que causó desconcierto y caos en los aeropuertos de países vecinos, aparte de la frustración de los pasajeros en los nacionales. ¿Por qué echan la culpa a los controladores de haber cerrado el espacio aéreo si la decisión de cierre la ordenó el Gobierno y no ellos?

Una maniobra política digna de dictadores bananeros.

En un conflicto de este tipo es normal pedir a Eurocontrol que se haga cargo del tráfico aéreo que tiene que pasar por las zonas problemáticas, así como desviar los vuelos a otros corredores. Pero no, no se hizo así. La panda de inútiles del gobierno español tenían que montar el circo cerrando a cal y canto el espacio aéreo. Todo ello con el único fin de demostrar lo que es capaz de hacer ese dictador frustrado que llevan dentro todos los payasos que tienen coche oficial.

¿No se dieron cuenta que este tipo de cierres o emergencias que nos quieren hacer creer, requiere activar también el protocolo de defensa aérea? ¿Despegaron los cazas españoles para proteger el espacio aéreo español? ¿Se activaron o alertaron la baterías antiaéreas y demás artilugios militares que supuestamente tenían que defender lo que durante horas nadie controlaba?  Pues no. Ni sabían lo que tenía que hacer.

Y mientras este espectáculo político circense ocurría en la víspera de un puente vacacional, los medios sectarios afines al Gobierno, que se puede decir que son todos, se encargaron de manipular y agitar a las masas lanzando las consignas que ordenaba el ejecutivo. Había que demonizar a los controladores para que, y ante la opinión pública, el Gobierno se convierta en el redentor de todos los males.

Mentira tras mentira, difundidas y apoyadas por las televisiones, que no paraban de emitir imágenes de escenas tercermundistas, en las que supuestos pasajeros vociferantes dedicaban sus insultos a los controladores, nadie se paró a pensar que el Gobierno era el único responsable del caos por haber cerrado el espacio aéreo por decreto.

Para echar más leña al fuego, y sobre todo para cabrear al personal que ese día viajaba en avión, las compañías aéreas se desentendieron del asunto, incumpliendo así las normativas europeas. El Gobierno socialista de payasos e incompetentes, obcecado con dominar a los supuestos huelguistas, no movió un dedo para obligar a las aerolíneas a cumplir sus obligaciones y atender las necesidades de sus clientes. ¡Que vayan y reclamen, después ya veremos! ¡De vergüenza!

El «show» de los agitadores del bocata y autobús.

En este escenario tampoco faltaron los agitadores a sueldo del partido en el poder. Esos gañanes que fueron a los aeropuertos a montar el espectáculo a base de gritos e insultos. Su intención era conseguir que las iras del respetable se dirigieran contra los controladores y no contra el Gobierno. Y todo esto me lo contaba un amigo periodista alemán que estaba ese día en Barajas. Allí observó atónito que los que más gritos daban ante las cámaras de las televisiones del país ni siquiera eran viajeros porque no llevaban equipaje.  ¡Qué fácil es manipular a las masas!

Lo peor llegó unas horas después. En medios internacionales lo destacaban como algo «incomprensible» que sucediera en España. Sin embargo, los medios españoles callaron y se limitaron a repetir lo que decía el Gobierno. Se trataba de la declaración del Estado de Excepción, que el Gobierno llama «Estado de Alarma», todo ello en base a la Ley Orgánica de 1981, y que fuera de las fronteras españolas se conoce como «Ley Marcial», porque de esta manera se somete a la trabajadores civiles a la jurisdicción militar.

El abuso de la aplicación de una Ley

Vamos por partes. En primer lugar una huelga de controladores no es más que una huelga de un grupo de trabajadores y, por mucho que insista el Gobierno y resto de los políticos, este hecho no se contempla en la ley como una causa que justifique la declaración del estado de emergencia nacional en todo el país.

El transporte aéreo, aunque el ministro de Fomento insista en lo contrario, no es ni será nunca un transporte «esencial» porque no paraliza todo el transporte público. Los trenes, los autobuses, el  metro y demás medios de transporte estuvieron disponibles y siguieron estando operativos sin ningún problema. Y vuelvo a repetir, el espacio aéreo español lo cerró el Gobierno y no el grupo de controladores en huelga, que además no se trataba de una huelga general a nivel nacional, si es que era huelga.

En segundo lugar nos encontramos con la intervención del ejército. Según la Ley, esto sólo sería aplicable si existiera una catástrofe a nivel nacional con peligro para la vida de las personas. Pero nada de esto ocurrió ni ocurría. Lo único que sucedió fue que un colectivo se acogió a su derecho de huelga y tuvo como consecuencia que los aviones comerciales no podían despegar en algunos de los aeropuertos, no en todos, y que un grupo más o menos numeroso de pasajeros no podía irse de vacaciones. Así pues, ¿dónde está esa «catástrofe nacional», esa «calamidad» o esa «emergencia» que alega el Gobierno en su decreto? ¿Por qué Blanco y Rubalcaba acusaron a los controladores de «secuestradores» cuando en realidad nadie estuvo retenido?

La intervención del Gobierno a través de un decreto de este tipo implicaba también que las emergencias aéreas se atendieran en aeródromos y bases militares. En casos extremos, los controladores militares podrían operar las torres de los aeropuertos civiles, pero sólo en casos de auténtica catástrofe nacional porque ni están autorizados ni preparados para hacerlo. Días después y con el decreto de «estado de alarma en vigor», los controladores militares todavía no tenían la autorización necesaria.

Hicieron lo que hacía Franco.

Llegando a este punto y viendo los toros desde la barrera, resulta incomprensible que el gobierno de un país que se considera democrático ordene movilizar a los controladores civiles y los convierta por decreto en soldados, sin que exista un peligro real para el país. ¿Hubo tal vez una amenaza de guerra y los demás no nos hemos enterado? Pues no, no hubo ni guerra ni emergencia, sólo un grupo de incompetentes políticos que decidió hacer con los controladores lo mismo que hizo Franco con los mineros asturianos; obligarles a trabajar por la fuerza en sus puestos de trabajo bajo el control de militares armados.

Y por si todo lo anterior no fuera suficiente, caso que los controladores se negaran a trabajar en estas condiciones y dado que los militares no les iban fusilar porque ya sería el colmo, la Fiscalía al servicio del Gobierno demuestra que se mueve cuando le interesa y abre una causa judicial acusando a los trabajadores en huelga de un delito que sólo existe en la Ley militar. ¿Saben los ministros que la sedición sólo se aplica a los militares que se alzan en armas o se rebelan contra sus mandos?. ¿Por qué nadie le recordó al ministro Pepiño Blanco, alias Franco II, que está en un país que se llama España, que está en Europa, y que no está ni en Venezuela ni en Guinea Ecuatorial, donde sus amigos dictadores hacen y deshacen a sus anchas pistola en mano?

Este decreto ha sido y es una chapuza jurídica, una maniobra política de un Gobierno de ineptos, de payasos incompetentes, en un vano intento de demostrar una fuerza que no tiene con sus últimos coletazos. Y tal vez por aquello de que no hay que subestimar a los idiotas, también puede ser una de las habituales cortinas de humo que sirven para desviar la atención del respetable y tapar algo peor que haya ocurrido, ocurre o se avecina. ¿Será que se acerca la intervención y el rescate de España por la UE? Al tiempo, porque todo esto traerá cola.