Piratería financiada con dinero público
Los dos pesqueros gallegos detenidos en Noruega por pesca ilegal han recibido subvenciones millonarias.
© Miguel Mielgo – JM Noticias
El pesquero detenido en Troms esperando a descargar (Foto: TV noruega) – PULSAR PARA AMPLIAR –
Según la organización Oceana, uno de los buques detenidos, el «F/V Monte Meixueiro», pertenece a la empresa viguesa Valiela S.A, la cual ha recibido del Gobierno gallego más de 15 millones de euros en subvenciones, ayudas y créditos especiales.
El «F/V Monte Meixueiro» ha costado unos 9 millones de euros y acababa de ser botado este año. Esta era su primera temporada de pesca. Mide 62 metros de eslora y tiene capacidad para congelar 45 toneladas diarias de pescado. Gracias a estas subvenciones, esta misma empresa también ha construido este año un segundo arrastrero de unos 40 metros de eslora.
El otro barco detenido es el «F/V Garoya Segundo», un arrastrero de 16 años que pertenece a la empresa Oyalves S.L. Durante los últimos años esta compañía ha tenido licencias para pescar fletán negro, gallineta, bacalao y camarón en el Atlántico noreste y noroeste.
Durante el año 2000 la empresa utilizó también el pesquero «F/V Cap George», que ha cambiado cinco veces de nombre y bandera a través de una empresa mixta. Hoy día se conoce a este barco como el «F/V Ross», un buque que tiene en su haber uno de los mayores historiales de infracciones pesqueras y que continúa ligado a empresas gallegas como el Grupo Oya, que también son los propietarios del pesquero de pabellón lituano «F/V Lootus II», cuyos representantes suelen asistir a las reuniones internacionales de la NAFO (acuerdo pesquero para el Atlántico Noroeste), formando parte de la delegación oficial española.
Pero estos no son los únicos ejemplos de cómo los fondos públicos acaban financiando la pesca ilegal y como las administraciones españolas y gallegas están en convivencia con estas empresas piratas.
Un policía noruego controla el contenido de las cajas de pescado descargadas del F/V Monte Meixueiro el 23 de Noviembre en el puerto de Troms (Foto: TV noruega)
El mes pasado, las autoridades estadounidenses ordenaban la busca y captura del empresario gallego. Antonio Vidal, denunciado por pesca pirata.
Este empresario, que es el propietario de más de una decena de empresas pesqueras, había recibido del Gobierno español más de 1,7 millones de euros en subvenciones para la construcción de nuevas embarcaciones y para el desarrollo de pescas experimentales, pese a que muchos de sus barcos lideran las listas negras de distintas instituciones que registran los pesqueros que están involucrados en la pesca pirata.
«Es vergonzoso que las administraciones españolas, en lugar de aislar y perseguir a los infractores, faciliten sus actividades y las premien constantemente. Si España no quiere que la mala fama de estos buques salpique a toda la flota debe actuar urgentemente y con contundencia. Por ejemplo, impidiendo que estas empresas accedan a subvenciones y ayudas, y a que sean participes de las cuotas de pesca» declararó Xavier Pastor, director de Oceana, en Europa.
Ver también: – La vergüenza de los pesqueros españoles –
